Por: Elizabeth Herrera Sandi
¿Quién es quién en el ANMEB?
El Acuerdo Nacional Para La Modernización De La Educación Básica fue firmado el 19 de mayo de 1992, con la intención de que cada uno de los gobernantes llevaran a cabo el decreto publicado en el diario oficial de la federación relacionado con la Ley General Educación de 1993.
El presidente en turno: Carlos Salinas de Gortari al firmar el Tratado de Libre Comercio compromete la dirección de la formación de ciudadanos capacitados para la transformación de nuevas ideologías encaminadas hacia el consumo de productos trasnacionales y formas financieras de mercado internacional.
Para llevar a cabo la Modernización, es importante implementar nuevas formas de pensar.
El decreto educativo solo puede tener una aplicación real y efectiva si asegura que las entidades se responsabilicen de la parte administrativa y vigilen que se aplique lo que la federación determina en la ejecución de planes y programas de estudio, evaluación, validez, acreditación, etc.
La movilización de todos los involucrados será evidente pues el Acuerdo es firmado primero por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, el Secretario de Educación, Ernesto Zedillo; cada uno de los gobernantes de los estados; y de la maestra Elba Esther Gordillo, como representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Los convenios dejan muy clara las funciones que a cada uno de los participantes le corresponde realizar. Con la firma de la maestra Elba Esther Gordillo, se intenta contener la movilización del magisterio que es uno de los sindicatos más organizados en el país.
Una vez firmado del Acuerdo en mayo de 1992, se publica en el diario oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación el 13 de julio de 1993. Así todos los involucrados han realizado los ajustes y acuerdos necesarios para la aplicación de la Reforma a la brevedad.
¿Quién participa en esta movilización educativa? A fin de cuentas la totalidad de la sociedad, pues al modificar planes y programas los maestros deben cumplir con estos, los alumnos y padres de familia deben ajustarse a las disposiciones educativas de acreditación y evaluación.
Otro dato interesante es que el Congreso expedirá las leyes necesarias para destinar cada una de las tareas de los diferentes actores. Al quedar reguladas en el artículo 3° de la Constitución, se asegura que a pesar de la rotación de gobiernos permanezca y se le de continuidad.
Después de algunos años Pablo Latapí, realiza un análisis de seguimiento de las políticas del Estado mencionadas en el Acuerdo y presenta una conferencia en la que menciona su análisis del seguimiento de dichas políticas a través de una entrevista a los Secretarios de Educación que han estado frente a la Secretaría de Educación Pública durante este periodo.
Cualquier información que se den, a partir de estos actores resulta fragmentada, ya que pueden dar información por medio de estadísticas, considerando que los secretarios no son investigadores, solo son un referente aislado de una política impuesta por la federación y que los números pueden ser variados e incluso alterados, para maquillar de alguna manera la deficiencia educativa de dicha reforma, y evitar evidenciar su actuar.
No todo puede ser malo, el deseo de los maestros por prepararse y actualizarse, independientemente de cual sea el motivo que los impulse, asegura el acercamiento a una educación de calidad. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer en cuanto a la unificación de criterios educativos que articulen efectivamente las necesidades sociales, y educativas, por medio de una política realmente comprometida con el crecimiento y cobertura hacia todas las capas sociales.
