Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias.
Gracias a la reforma emprendida en los años noventa y el incremento en la investigación educativa, hoy se tiene mayor claridad respecto a las formas de intervención que distintos actores ejercen en la gobernabilidad del sistema educativo. En parte, este hecho parece estar asociado a las características de los diferentes tipos, niveles y modalidades de la educación, así como a la manera en que se relacionan las autoridades educativas entre sí, con las organizaciones sindicales y con otros actores sociales.
La fisonomía del sistema educativo mexicano ha cambiado. Nuevos actores sociales surgen y otros se hacen más visibles en el escenario de la educación nacional: gobiernos estatales, burocracias educativas federal y estatales; organizaciones sociales y del sector productivo; padres de familia y sus agrupaciones; organización gremial del magisterio en el ámbito nacional y sus secciones en cada uno de los estados; maestros y directivos escolares, además, el actor central de la educación, el educando, estos son los actores de la reforma.
Todos los actores tienen su función e intervienen en la puesta en marcha de todas las reformas, pero como influyeron cada uno de nuestros autores en la Reforma Educativa de 1993 a continuación se resaltaran los aportes que dieron cada uno de los autores a dicha reforma.
GOBIERNOS ESTATALES por la convocatoria del presidente Salinas los 31 gobernadores firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), y los convenios de transferencias derivados. En donde se descentralizaba la educación.
Los gobernadores tienen que estructurar su Secretaria Educación Estatal y con esto les corresponde tomar cuatro decisiones fundamentales para poner en marcha la nueva reforma, la designación del titular estatal de educación; la reorganización del aparato burocrático de la educación estatal; el monto, destino y evolución de los recursos estatales asignados a la educación; y el diseño y desarrollo de un proyecto educativo propio.
BUROCRACIA EDUCATIVA FEDERAL apoyó el proceso de reforma impulsado desde la Presidencia de la República en 1992, lo que permitió que en pocos meses se llevara a cabo la transferencia administrativa de los servicios de educación básica y formación de docentes a los estados. Esto representó más de cien mil escuelas, quince millones de alumnos, setecientos mil maestros y el presupuesto correspondiente para la operación de esos servicios.
SINDICATO MAGISTERIAL Por las características del sistema político mexicano, la reforma de la educación estuvo condicionada de origen a los intereses sindicales, puesto que fue necesaria la firma de la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el ANMEB. En consecuencia, para la gobernabilidad del Sistema Educativo Nacional (SEN) y los sistemas estatales, la organización sindical de los trabajadores de la educación son un actor social y político que no se puede marginar.
LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS ESCOLARES estos están a cargo de la gestión escolar y la labor docente es decir se les amplían sus facultades y atribuciones como autoridades educativas, también se les da una mayor autonomía profesional, es decir tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre aspectos del ámbito pedagógico y curricular a fin de mejorar la calidad de la educación.
PADRES Y MADRES DE FAMILIA Al ingresar con nuevo reconocimiento al escenario educativo, gracias a la apertura propiciada por la reforma, los padres y madres de familia están adquiriendo las competencias necesarias para concretar sus demandas de una educación escolar pertinente para sus hijos.
Tradicionalmente excluidos de la escuela, tanto por el gobierno como por el sindicato magisterial, los padres y madres de familia tienen dificultad para participar y valorar los cambios, pues no tienen los instrumentos ni el poder para exigirlos. Sin embargo, la ley establece el funcionamiento de los consejos de participación social en los ámbitos escolar, municipal, estatal y nacional.
LOS ESTUDIANTES ellos solo se limitan a asistir a la nueva organización de su escuela acatar las nuevas reglas y dejarse llevar por el nuevo sistema que formaron todos los demás actores sociales en bien de una mejor calidad educativa pensado en las necesidades sociales de su contexto.
Brian Maximiliano Valencia Rubio
